Dos reporteros mexicanos pertenecientes a la cadena TUDN se encuentran bajo un complejo proceso legal en Sudáfrica tras ser acusados de terrorismo por el uso de un dron.
Julio Ibáñez y su camarógrafo, Dani García, fueron arrestados el pasado 18 de marzo en Johannesburgo mientras realizaban coberturas previas al Mundial de 2026. Lo que inició como una revisión de su estatus migratorio escaló rápidamente cuando las autoridades detectaron que el equipo volaba un dron en una zona restringida. El incidente generó alarma entre los residentes locales, quienes denunciaron el sobrevuelo del dispositivo cerca de una escuela vinculada a la comunidad judía, activando de inmediato los protocolos de seguridad nacional.
El periodista David Faitelson denunció públicamente la “pesadilla” que viven sus colegas, relatando que fuerzas de seguridad irrumpieron en su habitación de hotel con armas largas. Según el comentarista, los reporteros pasaron siete días en prisión incomunicados antes de recibir asistencia legal adecuada. Faitelson reprochó que las autoridades sudafricanas no investigaran la identidad profesional de los comunicadores antes de proceder con acusaciones tan graves como la de terrorismo, complicando su situación jurídica en el país africano.
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Actualmente, tras ser liberados de la cárcel, los comunicadores permanecen bajo arresto domiciliario y tienen estrictamente prohibido abandonar el territorio sudafricano mientras avanza la investigación. Se espera que el proceso judicial se extienda por varias semanas hasta que se aclare si el uso del dron constituyó una amenaza real o una falta administrativa por desconocimiento de las leyes locales. En este 2026, el caso ha puesto en alerta a los medios de comunicación internacionales sobre los riesgos de usar tecnología de filmación en zonas sensibles.
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La Embajada de México en Sudáfrica ya brinda asistencia consular y coordina con los equipos legales de Televisa-Univisión para lograr la repatriación de los periodistas. Hasta el momento, el gobierno de Sudáfrica no ha emitido una postura oficial detallada sobre los cargos finales, manteniendo el caso bajo un hermetismo que preocupa al gremio periodístico en México. La defensa trabaja arduamente para demostrar que el incidente fue un error logístico de producción y no un acto con intenciones criminales contra la seguridad del Estado.
