Revelan presunto cobro de “cuotas” por plazas laborales en la SEP: Caso Marx Arriaga

Denuncian que en la Secretaría de Educación Pública funcionarios exigían hasta 38 mil pesos a trabajadores a cambio de plazas, bajo el supuesto visto bueno del exdirector de Materiales Educativos, Marx Arriaga.

La denuncia incluye conversaciones que serían prueba del cobro y fue presentada ante el Órgano Interno de Control. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró no tener conocimiento de los hechos y vinculó la remoción de Arriaga a diferencias sobre los libros de texto gratuitos.

Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentaron una denuncia ante el Órgano Interno de Control en la que señalan al exdirector general de Materiales Educativos, Marx Arriaga, y a otros funcionarios de exigir “cuotas” a cambio de la asignación de plazas laborales.

Según la denuncia, uno de los señalados el entonces director de Desarrollo e Innovación, Sady Arturo Loaiza habría solicitado, mediante mensajes en redes sociales, depósitos de hasta 38 mil pesos a cuentas bancarias de varias personas a cambio de puestos dentro de la dependencia, argumentando que contaba con el aval de la dirección bajo Arriaga.

Los denunciantes presentaron capturas de conversaciones que, aseguran, prueban el esquema de cobros y citan a Loaiza diciendo que los pagos eran necesarios para cubrir “servicios y tareas de la dirección” a cargo de Arriaga.

Al ser consultada en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo no tener conocimiento de las acusaciones específicas, aunque confirmó que existieron discrepancias con Arriaga sobre la actualización de los libros de texto gratuitos de la SEP, misma que fue citada como uno de los motivos para su separación del cargo.

Tras dejar la dirección, Arriaga ha permanecido en sus oficinas dentro del edificio de la SEP, en medio de la transición hacia la nueva titular, Nadia López García.

La denuncia se suma al debate en torno al manejo interno de la SEP y las responsabilidades de sus exfuncionarios, mientras las autoridades anticorrupción revisan las pruebas presentadas por el personal afectado.

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