Una investigación periodística expuso supuestos pagos mensuales de 1.5 millones de pesos a cambio de mantener contratos de alimentación en el organismo electoral, durante la gestión de Guadalupe Taddei
Un nuevo escándalo por presuntos actos de corrupción sacude al Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que se revelara un supuesto esquema de sobornos relacionado con los contratos para operar los comedores de la institución, cuyo monto habría alcanzado aproximadamente 17 millones de pesos.
Una investigación periodística difundió grabaciones realizadas en febrero de 2026 por el contratista José Alfredo Hernández Casillas, en las que conversa con Guadalupe Taddei, entonces consejera presidenta del INE, sobre presuntos pagos realizados por una empresa proveedora de alimentos.
En uno de los videos, Hernández Casillas menciona que La Cosmopolitana entregaba alrededor de un millón y medio de pesos mensuales, equivalente al 15 por ciento de un contrato relacionado con los servicios de alimentación del instituto.
El acuerdo fue firmado en abril de 2025 con Productos Serel, empresa perteneciente al Grupo Cosmos, encabezado por el empresario Jack Landsmanas. El contrato contemplaba un monto máximo de 112.4 millones de pesos para proporcionar alimentos en nueve comedores del INE, ubicados en Ciudad de México y Pachuca.
De acuerdo con las conversaciones difundidas, el contratista también hace referencia a otro supuesto porcentaje que debía entregarse a una tercera persona y plantea la posibilidad de renegociar el siguiente contrato de alimentación.
Los señalamientos se suman a las acusaciones por presuntas irregularidades en otras contrataciones millonarias del organismo electoral, particularmente las relacionadas con la producción de credenciales para votar y los materiales utilizados en la elección judicial de 2025.
En medio de este escándalo, el INE presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar posibles delitos relacionados con contrataciones y el manejo de recursos públicos.
Las autoridades deberán determinar la autenticidad de las grabaciones, verificar los movimientos financieros y establecer si existieron pagos indebidos o responsabilidades de funcionarios y particulares.
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