La actriz Rossana Nájera denunció haber sido víctima de un fraude inmobiliario tras invertir sus ahorros en un departamento de preventa que nunca le fue entregado.
Nájera relató que, a pesar de haber liquidado la totalidad del inmueble, el desarrollo nunca concluyó la obra, lo que resultó en la pérdida de su inversión patrimonial. Ante el incumplimiento de la constructora, la actriz inició un proceso legal que actualmente se encuentra en la etapa de audiencias judiciales. Debido a la naturaleza delicada de la investigación, Rossana ha optado por mantener bajo reserva los nombres de los responsables, siguiendo las recomendaciones de su equipo de abogados para no entorpecer la recuperación de sus recursos en este 2026.
La modalidad de preventa, aunque atractiva por sus precios bajos, representó para la intérprete un vacío legal que ahora intenta resolver en los tribunales. Este caso resalta la vulnerabilidad de los compradores ante proyectos que carecen de respaldos financieros sólidos o permisos vigentes. Rossana aprovechó su plataforma para alertar al público sobre la importancia de investigar a fondo a las desarrolladoras y verificar que existan garantías jurídicas antes de entregar cualquier suma de dinero, evitando así caer en esquemas que prometen propiedades sin un sustento real.
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Angelica Moreno reportó que la actriz cumplió con cada pago establecido en el contrato, confiando en la entrega final que jamás llegó. Infobae retomó el testimonio donde se enfatiza que incluso los pagos puntuales no garantizan la propiedad si el proyecto carece de transparencia. César Évora también ha lanzado alertas recientemente, aunque en su caso por el uso de su nombre para vender saludos falsos en redes sociales, sumándose a las figuras públicas que denuncian estafas.
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Ana Luisa Peluffo, icono de la Época de Oro, falleció recientemente a los 96 años, dejando un legado histórico en el cine mexicano tras protagonizar el primer desnudo integral en 1955. La Ciudad de México sigue siendo un foco de inversiones inmobiliarias donde los contratos bien estructurados son la única defensa real para el consumidor. Investigar la legalidad de los desarrollos es la recomendación principal de los expertos para evitar que el sueño de una casa propia se convierta en una batalla judicial.
