Cientos de manifestantes instalaron tiendas de campaña en Lisboa y Oporto para exigir viviendas asequibles y rechazar las políticas que, aseguran, podrían facilitar los desalojos
La crisis de vivienda en Portugal ha provocado nuevas movilizaciones ciudadanas, con decenas de tiendas de campaña instaladas en zonas céntricas de Lisboa y Oporto, donde manifestantes exigen medidas para frenar el aumento de los alquileres y garantizar el acceso a una vivienda digna.
Este lunes 19 de octubre, decenas de tiendas permanecían instaladas en la plaza Pedro IV, conocida como Rossio, en el centro de Lisboa. Los participantes colocaron pancartas con mensajes como “La vivienda es un derecho, no un lujo” y “Generación sin vivienda”, con los que denuncian las dificultades que enfrentan, especialmente los jóvenes, para independizarse y encontrar un lugar donde vivir.
Las protestas comenzaron en medio del creciente descontento por el encarecimiento de los inmuebles, los bajos salarios y las dificultades para cubrir los gastos básicos. Los manifestantes acusan al gobierno portugués de no responder de manera suficiente a la emergencia habitacional y de impulsar medidas que podrían favorecer a los propietarios frente a los inquilinos.
Uno de los participantes, Miguel Gregorio, de 22 años, explicó que percibe el salario mínimo, de 920 euros mensuales, una cantidad que considera insuficiente para pagar los alquileres que se ofrecen en el mercado. El joven señaló que existen viviendas cuyos precios alcanzan los mil 500 euros al mes, una cifra que supera ampliamente sus ingresos.
La movilización también está relacionada con una reforma del mercado de alquiler aprobada en primera lectura por el Parlamento portugués en septiembre. La propuesta busca acelerar los procedimientos de desalojo en casos de impago y flexibilizar determinadas reglas del sector inmobiliario, medidas que han generado preocupación entre organizaciones de inquilinos.
Los activistas consideran que estos cambios podrían aumentar la vulnerabilidad de las personas que ya enfrentan dificultades económicas. Por ello, han decidido mantener los campamentos pese a las advertencias de las autoridades, que han señalado que los participantes podrían enfrentar procedimientos judiciales si incumplen las disposiciones aplicables a las concentraciones.
En Oporto, donde las protestas comenzaron alrededor de diez días antes, los organizadores también buscan prolongar las movilizaciones. Maria João Calisto, una de las portavoces del movimiento, informó que presentaron un aviso para realizar manifestaciones entre el 21 de octubre y el 31 de diciembre.
Los participantes, además, han convocado a una movilización en la península ibérica y solicitaron a los sindicatos que consideren una huelga general para el 11 de noviembre, con el propósito de ampliar la presión sobre los gobiernos y exigir soluciones a la crisis habitacional.
Las protestas en Portugal coinciden con movilizaciones similares en España, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales. En Madrid, una acampada instalada en la Puerta del Sol fue levantada semanas atrás después de exigir medidas contra los elevados precios y la dificultad para encontrar alquileres asequibles.
El problema habitacional afecta de manera particular a las principales ciudades portuguesas, donde los precios de las viviendas y las rentas han aumentado considerablemente en los últimos años, mientras que los ingresos de numerosos trabajadores no han crecido al mismo ritmo.
Ante este panorama, los manifestantes reclaman políticas públicas que amplíen la oferta de vivienda accesible, protejan a los inquilinos y eviten que el costo del alquiler absorba una parte excesiva de los salarios.
Las acampadas continuarán mientras los participantes mantienen sus demandas y esperan respuestas de las autoridades. La evolución de las protestas podría aumentar la presión sobre el gobierno portugués para encontrar alternativas frente a una crisis que afecta especialmente a jóvenes y familias con ingresos limitados.
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