Senado y San Lázaro impugnan 26 candidaturas en elecciones judiciales
Los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados solicitaron este lunes al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 26 candidaturas a cargos del Poder Judicial, al advertir que no cumplen con los requisitos constitucionales para participar en las elecciones judiciales del 1 de junio.
Según un comunicado conjunto, 18 de los aspirantes no “gozan de buena reputación” al estar involucrados en investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada. Además, ocho candidaturas más no cumplen con el promedio mínimo de 8.0 en licenciatura exigido por las bases del proceso.
“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, subrayó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
El informe remitido al INE incluye evidencia documental sobre carpetas de investigación y órdenes de aprehensión, así como vínculos de algunos postulantes con organizaciones criminales y defensas legales de líderes del narcotráfico, lo que representa un conflicto de interés.
“Esto compromete su imparcialidad y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso”, detalló Gutiérrez Luna.
En cuanto a los ocho aspirantes que fueron impugnados por incumplir el requisito académico, los promedios de calificación oscilan entre 7.0 y 7.93, cifra inferior a la exigida por la convocatoria para los cargos de juezas, jueces y magistrados en diversas regiones del país.
“La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética”, añadió el legislador.
La solicitud fue enviada formalmente al INE con el objetivo de “preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública” en el proceso inédito mediante el cual se elegirán 881 cargos del Poder Judicial, entre ellos ministros de la Suprema Corte, miembros del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral.
El pasado 23 de abril, el senador Gerardo Fernández Noroña advirtió que el Congreso impugnaría al menos a una veintena de candidatos presuntamente ligados al crimen organizado. Un día antes, había declarado a medios que detectaron aspirantes que habían sido defensores de narcotraficantes y buscaban acceder al Poder Judicial.
La elección del próximo 1 de junio será la primera vez en la historia de México en que los ciudadanos voten de manera directa a integrantes del Poder Judicial. Se prevé la participación de 99.7 millones de votantes, en una contienda que ha levantado alertas de la oposición, organismos internacionales como la ONU, y asociaciones judiciales, por el riesgo de intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado.
Las campañas comenzaron el 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, en medio de un clima de creciente tensión política y jurídica.
