Un magistrado de la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal de la Región Morelia confirmó la condena de 50 años de prisión contra Diego Urik “N”, señalado por el feminicidio de Jessica González Villaseñor, hecho ocurrido en septiembre de 2020 en esta ciudad.
La resolución del tribunal, emitida el pasado 27 de enero, ratifica la pena privativa de libertad que había sido impuesta originalmente y que ahora se mantiene en cumplimiento de una ejecutoria de amparo federal. La condena comenzará a contarse desde el 30 de septiembre de 2020, fecha en que Urik fue detenido tras evadir a las autoridades.
Además de la pena de prisión, la sentencia impone la suspensión de sus derechos políticos y la obligación de resarcir el daño a la familia de la víctima. El tribunal estipuló una indemnización de 1 millón 246 mil 986 pesos con 40 centavos, correspondiente a gastos mortuorios y daños materiales, así como la reparación del daño moral, cuyo monto será determinado en la etapa de ejecución de sentencia.
El caso había generado atención pública nacional e incluso debates jurídicos sobre la aplicación de penas en casos de feminicidio. En 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió criterios que impiden la reducción de condenas por este delito cuando se argumenta la reinserción social, lo que reforzó el sustento legal para mantener la pena máxima en el caso contra Urik.
Jessica González Villaseñor, de 21 años de edad, fue reportada como desaparecida el 21 de septiembre de 2020 y su cuerpo fue localizado días después en un paraje boscoso de Morelia, con evidencias de violencia física. Desde el inicio de las investigaciones, las autoridades identificaron a Diego Urik, su entonces pareja sentimental, como el principal sospechoso.
Tras la desaparición, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició una intensa búsqueda que culminó con la localización del cuerpo de Jessica y, posteriormente, con la detención de Urik el 30 de septiembre de 2020 en un hotel de Jalisco, donde se ocultaba tras huir de la escena del crimen.
El proceso judicial incluyó el desahogo de numerosa evidencia presentada por la FGE, que durante las audiencias logró acreditar la responsabilidad del acusado en el feminicidio de la joven, configurado como un delito agravado por la violencia y vulneración de los derechos de la víctima.
La confirmación de la pena llega en un contexto donde las autoridades judiciales y organismos defensores de los derechos humanos han insistido en reforzar las sanciones para delitos de violencia de género, particularmente los casos de feminicidio, que en México representan un desafío persistente en materia de justicia y seguridad para las mujeres.
Organizaciones civiles y colectivos feministas han señalado que este tipo de sentencias no solo buscan sancionar al responsable, sino también enviar un mensaje institucional sobre la intolerancia ante la violencia contra las mujeres y la necesidad de garantizar justicia a las víctimas y sus familias.
La ratificación de los 50 años de prisión para Urik se percibe, en este sentido, como un paso firme dentro del marco legal vigente para casos de extrema violencia de género, en un contexto en el que la sociedad mexicana exige respuestas más contundentes ante la alta incidencia de feminicidios en diversas regiones del país.
Las autoridades judiciales han subrayado que la pena máxima prevista en la legislación penal estatal y reforzada por criterios nacionales no admite reducciones cuando se trata de delitos con agravantes graves, como el feminicidio, reafirmando así la vigencia de un enfoque de justicia que prioriza la reparación del daño y la memoria de las víctimas.
Con esta confirmación, la sentencia contra Diego Urik se consolida como una de las resoluciones más relevantes en la aplicación de penas por feminicidio en Michoacán, marcando un precedente en la lucha contra la impunidad y la violencia de género en el sistema judicial mexicano.
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