La presidenta sostuvo que el gobierno mantiene disposición para negociar con la Canacar, mientras el sector exige soluciones a la inseguridad carretera y cambios fiscales
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el diálogo con los transportistas permanece abierto, en medio de las movilizaciones y bloqueos convocados por un sector de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que exige respuestas a sus demandas laborales, de seguridad y fiscales.
La mandataria señaló que su administración está dispuesta a escuchar los planteamientos de los inconformes, aunque cuestionó que las protestas estén relacionadas principalmente con la defensa de beneficios fiscales para un grupo reducido de grandes empresas transportistas.
Sheinbaum explicó que la modificación fiscal que provocó parte del descontento consiste en reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos para acceder a determinados estímulos relacionados con el pago de peajes. Según la presidenta, el cambio afecta a alrededor de 170 empresas, mientras que otros transportistas conservan los apoyos fiscales disponibles.
La titular del Ejecutivo también indicó que la Secretaría de Gobernación ha buscado establecer canales de comunicación con las organizaciones del sector para atender sus inquietudes y evitar afectaciones a la población por el cierre de carreteras.
Sin embargo, la Canacar ha solicitado una reunión directamente con la Presidencia de la República, al considerar que los compromisos asumidos previamente con distintas dependencias no se han traducido en soluciones suficientes.
Las organizaciones transportistas sostienen que sus exigencias no se limitan a las modificaciones fiscales. Entre sus principales reclamos se encuentran la inseguridad en las carreteras, los robos de mercancías, las extorsiones, los asesinatos de operadores y las condiciones de infraestructura vial.
Los representantes del sector también han pedido establecer acuerdos concretos, con fechas de cumplimiento y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar los avances de las negociaciones.
Por su parte, el Gobierno federal ha reiterado que las demandas pueden atenderse mediante el diálogo y las mesas de trabajo con las dependencias competentes, sin recurrir a medidas que perjudiquen la movilidad y las actividades económicas.
Las movilizaciones comenzaron el 26 de octubre y se reportaron en distintas entidades del país. De acuerdo con cifras difundidas por la Secretaría de Gobernación, se registraron manifestaciones en 19 estados, con 38 puntos de protesta, 691 vehículos y 858 participantes, cifras que las organizaciones transportistas cuestionaron.
El conflicto mantiene en discusión tanto las condiciones de seguridad que enfrenta el autotransporte de carga como los cambios en los estímulos fiscales para determinadas empresas. Las negociaciones deberán definir si las partes logran acuerdos que atiendan las demandas del sector y reduzcan las afectaciones a quienes utilizan las carreteras.
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