La presidenta negó un pacto político con Maru Campos y aseguró que las investigaciones deberán determinar las responsabilidades por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que exista un acuerdo con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para encarcelar al exfiscal estatal César Jáuregui Moreno a cambio de deslindarla de posibles responsabilidades por un operativo en el que participaron agentes estadounidenses.
Durante su conferencia matutina de este martes 20 de octubre, la mandataria negó las versiones sobre una supuesta negociación política y sostuvo que las investigaciones deben desarrollarse conforme a la ley, sin acuerdos entre gobiernos para determinar quién debe enfrentar un proceso judicial.
Sheinbaum rechazó que su administración haya pactado con la gobernadora para concentrar las acusaciones en el exfiscal. También desmintió las versiones sobre un posible ofrecimiento de una embajada para Maru Campos a cambio de su colaboración en el caso.
El asunto está relacionado con un operativo realizado en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara, donde las autoridades localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas. En las acciones participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
La presencia de personal estadounidense en el operativo generó cuestionamientos sobre la legalidad de su participación en territorio mexicano, debido a que las autoridades federales investigan si contaban con las autorizaciones correspondientes conforme a la legislación nacional.
César Jáuregui, quien se desempeñó como fiscal general de Chihuahua, enfrenta investigaciones relacionadas con estos hechos. Las autoridades federales indagan posibles delitos, entre ellos traición a la patria, mientras que en el ámbito estatal también se investigan presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
La presidenta señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República reunir las pruebas necesarias para establecer las responsabilidades de los involucrados. Asimismo, indicó que las autoridades ministeriales deberán determinar si existieron irregularidades en la participación de agentes extranjeros y quién autorizó su intervención.
El caso también ha generado tensiones entre los gobiernos federal y estatal, debido a las diferencias sobre la actuación de las corporaciones de seguridad y la presencia de personal estadounidense durante el operativo.
Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en que se desarrollaron las acciones contra el laboratorio clandestino y determinar si hubo funcionarios que incumplieron las disposiciones legales.
La situación jurídica del exfiscal deberá resolverse conforme a las pruebas presentadas ante los tribunales, mientras las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para deslindar responsabilidades en el caso.
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