La presidenta cuestionó que algunos exdirectivos reciban pensiones de hasta 400 mil pesos mensuales
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó al Banco de México (Banxico) a revisar las altas pensiones que reciben algunos de sus exfuncionarios y consideró que estos pagos resultan inmorales.
Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria señaló que existen exdirectivos del banco central cuyas pensiones superan los ingresos que actualmente percibe la titular del Ejecutivo federal.
Sheinbaum mencionó entre los beneficiarios de estas remuneraciones a Guillermo Ortiz, quien fue gobernador de Banxico, y a Ernesto Zedillo, quien ocupó un alto cargo en la institución antes de convertirse en presidente de México.
“Valdría la pena que el Banco de México hiciera una revisión”, planteó la presidenta al referirse a estos esquemas de jubilación.
La mandataria explicó que el Gobierno federal impulsó una reforma para establecer límites a las llamadas pensiones doradas. Sin embargo, señaló que existe una contradicción en la Constitución respecto al límite que deben tener estas percepciones, por lo que la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal trabaja en una propuesta para resolverla.
Sheinbaum precisó que la reforma establece límites para las pensiones de exfuncionarios de instituciones como la Comisión Federal de Electricidad, la extinta Luz y Fuerza del Centro, Nacional Financiera y Banobras, entre otros organismos descentralizados.
No obstante, aclaró que el Banco de México quedó fuera de dicha reforma debido a su régimen de autonomía. Por ello, sostuvo que las pensiones de sus exfuncionarios no quedaron sujetas a las mismas disposiciones.
La presidenta cuestionó que algunos exservidores públicos puedan recibir alrededor de 400 mil pesos mensuales de pensión, particularmente cuando algunos de ellos, señaló, trabajaron únicamente seis años en el banco central.
Sheinbaum reiteró que su gobierno busca reducir las pensiones consideradas desproporcionadas para altos funcionarios y establecer criterios que impidan que determinados exservidores públicos mantengan ingresos superiores a los establecidos para quienes actualmente ocupan cargos en el Gobierno federal.
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