El Gobierno federal analiza denuncias de amenazas contra empleados de la mina Camino Rojo, tras señalamientos incluso en el marco del T-MEC.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno ya revisa el caso de presunta intimidación del crimen organizado contra trabajadores de la mina Camino Rojo, ubicada en Zacatecas.
La mandataria confirmó que el tema está siendo analizado en coordinación con la Secretaría del Trabajo y el Gabinete de Seguridad, luego de que surgieran denuncias sobre presiones y amenazas en el contexto de conflictos sindicales.
El caso tomó relevancia internacional después de que autoridades de Estados Unidos, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), detectaran posibles irregularidades, incluyendo la presunta intervención del crimen organizado en el ámbito laboral.
De acuerdo con testimonios de trabajadores, las amenazas habrían buscado influir en decisiones sindicales, generando un ambiente de presión que impacta los derechos laborales dentro del yacimiento.
La mina Camino Rojo, operada por la empresa canadiense Orla Mining, ha quedado bajo escrutinio internacional, mientras el Gobierno mexicano evalúa posibles acciones ante el riesgo de sanciones comerciales derivadas del T-MEC.
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