Sheinbaum pide a la FGR informar sobre vínculos del alcalde de Teuchitlán con el CJNG
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) que informe públicamente sobre los presuntos vínculos del alcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras su detención este fin de semana.
Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum destacó la necesidad de que el fiscal Alejandro Gertz Manero aclare la naturaleza de los delitos que se le imputan al funcionario local.
“La fiscalía tiene que informar cuáles son los vínculos o los presuntos vínculos con uno de los cárteles”, declaró la mandataria desde Palacio Nacional.
Murguía Santiago fue detenido por presuntos delitos de delincuencia organizada y desaparición de personas, y su caso ha generado conmoción debido a los señalamientos de su posible participación en actividades criminales en el rancho Izaguirre, ubicado en el mismo municipio.
La semana pasada, el fiscal Gertz Manero confirmó que el rancho fue identificado como un “campo de adiestramiento” del CJNG, aunque negó que existan pruebas de que funcionara como un crematorio, como había denunciado el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el pasado 8 de marzo. El grupo reportó el hallazgo de 400 pares de zapatos, lo que desató especulaciones sobre un presunto “campo de exterminio” en la zona.
Según testimonios recabados por autoridades federales, el alcalde habría tenido conocimiento de las actividades ilegales en el rancho y recibido sobornos del cártel para permitir su operación. También se le vincula con posibles actos de encubrimiento relacionados con personas desaparecidas.
“Nosotros pedimos que la Fiscalía atrajera el caso y más bien es el fiscal quien tiene que informar cuáles son las pruebas de este vínculo delincuencial del presidente municipal”, subrayó Sheinbaum.
El caso ha intensificado la presión sobre el Gobierno federal ante la crisis de desapariciones en México, donde existen más de 120 mil personas no localizadas desde que hay registros formales en la década de 1960. Diversas organizaciones civiles han reclamado mayor transparencia y coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Mientras tanto, la FGR no ha emitido un posicionamiento oficial detallado sobre la situación legal del alcalde ni sobre los avances de la investigación en torno al rancho Izaguirre.
