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Sheinbaum pide a mexicanos en EE.UU. presionar a congresistas contra impuesto a remesas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este sábado el primer revés que sufrió en el Congreso de Estados Unidos la propuesta de imponer un impuesto del 5 % a las remesas enviadas por mexicanos, pero advirtió que el tema sigue latente y requerirá vigilancia constante.

“Está planteado que lo van a volver a discutir. Vamos a seguir para evitar que pueda haber este impuesto que es muy injusto y que además viola un convenio que se tiene entre ambos países”, declaró la mandataria en una entrevista breve con medios, mientras se trasladaba de la mina Pasta de Conchos a la inauguración de un hospital público en Coahuila.

La propuesta, impulsada por legisladores republicanos, busca imponer un gravamen del 5 % a los envíos de dinero que millones de migrantes mexicanos hacen a sus familias desde Estados Unidos. Ha sido ampliamente criticada por su carácter discriminatorio y por contradecir tratados bilaterales.

México, que recibe cerca del 4 % de su Producto Interno Bruto en remesas, cerró 2024 con un nuevo récord histórico: 64 mil 745 millones de dólares, consolidándose como el segundo mayor receptor de remesas en el mundo, solo detrás de India.

Ante la amenaza de que la medida vuelva a debatirse en el Legislativo estadounidense, Sheinbaum lanzó un llamado directo a la comunidad mexicana en el extranjero.

“Que nos ayuden todos los paisanos a contactar a su congresista para decirle que es injusta esta medida”, urgió la presidenta, apelando a la unidad de la diáspora mexicana como una herramienta de presión política.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, recordó que gravar las remesas violaría el tratado vigente desde 1994 para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos. “Ya se pagaron impuestos allá, aplicar un nuevo cobro sería una doble tributación, además de discriminatoria”, explicó.

Sheinbaum ha calificado en reiteradas ocasiones esta propuesta como “injusta”, “inaceptable” e incluso “inconstitucional”, y su Gobierno ha prometido responder en todos los frentes: diplomático, legal y político.