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Sheinbaum sobre Rocha Moya: “No se protege a nadie, pero sin pruebas no hay detenciones”

Cuauhtémoc, Ciudad de México. 6 de mayo 2026. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan: María del Carmen Bonilla, titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Mónica Fernández Balboa, directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep); Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia. Foto: Juan Carlos Ramos Mamahua/Presidencia

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La presidenta insistió en que cualquier proceso judicial debe sustentarse con evidencias y defendió el debido proceso tras las acusaciones de EE.UU. contra el gobernador sinaloense.

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Durante su conferencia matutina, la mandataria respondió a los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios relacionados con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

“Aunque ya se ha explicado muchas veces”, expresó Sheinbaum, “no se protege a nadie, pero tiene que haber pruebas”, al referirse a la solicitud estadounidense de detener y extraditar a Rocha Moya.

La presidenta subrayó que el Sistema Penal Acusatorio mexicano exige evidencia sólida para proceder contra cualquier persona, ya sea un gobernador, funcionario público o ciudadano común.

Sheinbaum cuestionó además la solidez del expediente presentado por fiscales estadounidenses y afirmó que las acusaciones deben sustentarse en elementos verificables y no únicamente en declaraciones o anotaciones.

También recordó que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos se basa en la confianza mutua y en la presentación de pruebas suficientes para justificar cualquier acción judicial.

El caso ha generado tensión política y diplomática luego de que autoridades estadounidenses acusaran a Rocha Moya y a otros funcionarios de colaborar con el narcotráfico, mientras el gobierno mexicano exige evidencias antes de actuar.

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