La propuesta contempla la renovación automática de contratos de alquiler tras el desalojo de una mujer de 87 años
El Sindicato de Inquilinos de España pidió este viernes al Gobierno central y a los partidos de oposición aprobar un nuevo decreto para enfrentar la crisis de acceso a la vivienda que afecta al país, en medio de la conmoción generada por el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid.
La organización anunció que enviará al Gobierno del presidente Pedro Sánchez un proyecto denominado “Decreto Maricarmen”, con la intención de que sea aprobado en el próximo Consejo de Ministros. Entre las principales medidas propuestas se encuentra la renovación automática de los contratos de alquiler.
La petición surgió después del desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivió durante siete décadas en una vivienda ubicada en Madrid. La jubilada fue desalojada el miércoles, en un operativo que generó protestas y una amplia reacción pública.
Según el Sindicato de Inquilinos, la empresa de inversión que adquirió el inmueble pretendía incrementar la renta mensual de 500 a 2 mil 650 euros. El desalojo se produjo después de una disputa judicial relacionada con la permanencia de la mujer en la vivienda.
Abascal, quien tiene una discapacidad, fue trasladada en camilla durante el desalojo y posteriormente recibió atención médica. En un video difundido por el Sindicato de Inquilinos de Madrid, agradeció las muestras de apoyo y afirmó que continuará luchando por su situación.
Alicia del Río, portavoz del sindicato, señaló que el caso se convirtió en un punto de inflexión en el debate sobre el acceso a la vivienda y cuestionó a los actores políticos sobre las medidas que adoptarán frente a la situación.
El sindicato indicó que ya tuvo acercamientos con distintos grupos políticos representados en el Parlamento español y afirmó que encontró disposición para analizar la propuesta. La organización también pidió al Gobierno que actúe ante la presión generada por el aumento de los precios de la vivienda y la reducción de la oferta disponible.
La crisis habitacional en España se ha relacionado con el incremento de los precios de los alquileres, la escasez de vivienda asequible y el crecimiento de los alquileres turísticos de corta duración. El caso de Madrid ha colocado nuevamente estas dificultades en el centro del debate político y social.
El Gobierno español ya había planteado anteriormente medidas para ampliar la protección de los inquilinos y limitar el incremento de los alquileres, aunque algunas propuestas no obtuvieron el respaldo parlamentario necesario. En julio, el Ejecutivo y Sumar acordaron impulsar un nuevo decreto que contemplaba, entre otras medidas, una congelación de los precios de los alquileres hasta 2028, aunque su aprobación requería negociar con otros grupos del Congreso.
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