México intervendrá en demanda en California y llevará el caso ante instancias internacionales por presuntas violaciones a derechos humanos
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció una serie de acciones consulares, legales y diplomáticas tras la muerte de connacionales en centros de detención migratoria en Estados Unidos, particularmente en el Centro de Detención de Adelanto, en California.
El caso más reciente corresponde al fallecimiento de un mexicano el pasado 25 de marzo bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que eleva a varios los decesos registrados en ese mismo centro en semanas recientes.
Ante esta situación, el Gobierno de México participará como amicus curiae (amigo de la corte) en la demanda conocida como LT Mesrobian, interpuesta por la organización Public Counsel en Los Ángeles, la cual denuncia condiciones insalubres, aislamiento punitivo y falta de atención médica adecuada dentro del centro de detención.
La Cancillería también informó que se llevará a cabo una conferencia de prensa en el Consulado General de México en Los Ángeles, encabezada por la directora de Protección Consular, Vanessa Calva Ruiz, junto con cónsules y representantes legales de las familias de las víctimas.
Como parte de la estrategia, autoridades mexicanas sostendrán reuniones con familiares de los fallecidos y organizaciones defensoras de derechos humanos, además de impulsar una solicitud de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visibilizar los casos de personas que han muerto bajo custodia migratoria en EE.UU.
La SRE subrayó que se agotarán todas las vías legales y diplomáticas para exigir una investigación a fondo y garantizar condiciones dignas para los mexicanos detenidos en centros migratorios, al tiempo que urgió a las autoridades estadounidenses a revisar de inmediato las condiciones del centro de Adelanto, donde se han detectado graves deficiencias, especialmente en atención médica.
Estas acciones forman parte de una postura más firme del Gobierno de México frente a lo que considera omisiones graves en la protección de los derechos humanos de sus connacionales en el extranjero.
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