Suprema Corte de Brasil investigará a Eduardo Bolsonaro por presunta campaña internacional contra autoridades judiciales
La Corte Suprema de Brasil anunció este lunes la apertura de una investigación contra el diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por sus gestiones en Estados Unidos para presuntamente promover sanciones contra autoridades brasileñas, particularmente miembros del Poder Judicial.
La decisión fue tomada por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, a solicitud de la Fiscalía General de la República. El magistrado Alexandre de Moraes, quien ha liderado los casos contra el expresidente por intento de golpe de Estado, fue designado como relator del caso. Irónicamente, De Moraes es también el principal blanco de los ataques del propio Eduardo Bolsonaro en sus gestiones internacionales.
El diputado, quien se licenció de su cargo parlamentario en marzo, permanece actualmente en Estados Unidos con el argumento de buscar “justicia” para su padre y otros miembros de la extrema derecha brasileña que enfrentan procesos judiciales por su presunta participación en un complot golpista tras la derrota electoral de Jair Bolsonaro en 2022.
Eduardo Bolsonaro ha utilizado sus vínculos con figuras influyentes del Partido Republicano y del entorno de Donald Trump para alentar sanciones contra autoridades brasileñas, especialmente contra De Moraes. En sus redes sociales ha compartido imágenes con legisladores estadounidenses que califican a Brasil como una “dictadura” y han manifestado su apoyo a medidas punitivas contra el Poder Judicial brasileño.
La tensión escaló la semana pasada cuando, durante una audiencia del secretario de Estado, Marco Rubio, en el Parlamento estadounidense, el congresista republicano Cory Mills preguntó si el Gobierno de Trump contempla sancionar a De Moraes por presuntas violaciones a los derechos humanos. Rubio respondió que “hay una gran posibilidad”, respuesta que el hijo del expresidente celebró en redes.
Para la Fiscalía brasileña, estas acciones configuran una posible tentativa de interferir en procesos judiciales en curso. En el documento presentado ante el STF, el Ministerio Público alertó sobre un “manifiesto tono intimidatorio” hacia fiscales, jueces y otros funcionarios que actúan en el caso contra Jair Bolsonaro. Las evidencias, asegura la Fiscalía, apuntan a que Eduardo Bolsonaro busca obstruir procedimientos criminales mediante presión extranjera.
Jair Bolsonaro y al menos treinta de sus aliados más cercanos enfrentan cargos ante el Supremo por su presunta participación en un plan para impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien venció en las elecciones de octubre de 2022. La Fiscalía sostiene que esa conspiración culminó en la violenta toma de los tres poderes del Estado brasileño el 8 de enero de 2023, en un intento fallido de instigar una intervención militar para derrocar al nuevo Gobierno.
La investigación contra Eduardo Bolsonaro añade un nuevo capítulo al complejo entramado judicial y político que enfrenta el clan Bolsonaro, y marca un precedente sobre el alcance y consecuencias legales de las campañas internacionales de presión política contra las instituciones democráticas brasileñas.
