Suprema Corte de EE.UU. avala fin del TPS para migrantes: miles de venezolanos en riesgo de deportación
La Suprema Corte de Estados Unidos falló este viernes 6-3 a favor del Departamento de Seguridad Nacional, revirtiendo un fallo anterior que bloqueaba la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 600 mil inmigrantes, incluidos cerca de 300 mil venezolanos. La decisión representa una victoria para la Administración de Donald Trump, que desde 2021 ha buscado terminar con este beneficio migratorio.
El máximo tribunal revocó la decisión de un tribunal federal de distrito en California, que había impedido al gobierno suspender el TPS, una medida que otorga protección contra la deportación y permisos de trabajo a migrantes provenientes de países con conflictos armados o desastres naturales.
“Aunque las posturas en el caso han cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos no lo han hecho. El mismo resultado que se acordó en mayo es el apropiado”, escribió la mayoría conservadora en su decisión, en alusión a un fallo anterior que respaldaba la postura del gobierno por la vía de emergencia.
Las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron al fallo. En una opinión disidente, Jackson expresó su desacuerdo: “No puedo estar de acuerdo con esta interferencia repetitiva, gratuita y dañina en los casos que siguen pendientes en tribunales inferiores mientras hay vidas en la balanza”.
El gobierno estadounidense había solicitado a finales de septiembre que se le permitiera revocar las protecciones que amparaban a unos 300 mil venezolanos, como parte de su política migratoria más estricta. Aunque el fallo se centra en esta población, expertos legales advierten que podría allanar el camino para la eliminación del TPS para otras comunidades protegidas, aunque por el momento no afecta a beneficiarios haitianos.
El TPS fue creado en 1990 y ha beneficiado a ciudadanos de varios países afectados por conflictos o catástrofes. La decisión de la Corte Suprema concluye, al menos por ahora, un proceso legal de años que inició con los intentos del gobierno de Trump por limitar estas protecciones.
Activistas, organizaciones proinmigrantes y algunos legisladores ya han expresado su rechazo a la decisión, advirtiendo sobre el impacto humano que tendrá en miles de familias que han vivido en EE.UU. durante años bajo este estatus legal.
