Suprema Corte de EE.UU. desestima demanda de México contra fabricantes de armas por tráfico ilegal
El Tribunal Supremo de Estados Unidos desechó por unanimidad la demanda interpuesta por el Gobierno de México contra varios de los principales fabricantes de armas estadounidenses, argumentando que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas otorga amplia inmunidad legal a estas compañías frente a demandas por el uso posterior de sus productos.
La resolución representa un revés para México, que en 2021 acusó a empresas como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock de facilitar, directa o indirectamente, el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano, donde gran parte de ese armamento termina en manos del crimen organizado.
En su demanda, México solicitaba una compensación de 10 mil millones de dólares por los daños derivados de la violencia armada impulsada por el contrabando de armas desde Estados Unidos.
Durante el proceso legal, el gobierno mexicano argumentó que su denuncia se basaba en una excepción de la ley estadounidense, que permite acciones judiciales cuando una empresa actúa “a sabiendas” en violación de las leyes sobre armas de fuego. Sin embargo, el alto tribunal, en una opinión redactada por la jueza Elena Kagan, concluyó que no existían pruebas suficientes de que las compañías demandadas hubieran permitido deliberadamente el tráfico ilegal de armas.
“La Ley de Protección del Comercio Legal de Armas fue diseñada precisamente para proteger a los fabricantes de este tipo de litigios, salvo en casos extraordinarios”, señaló el fallo.
La ley en cuestión, aprobada en 2005, ha sido un obstáculo persistente para los intentos de responsabilizar legalmente a la industria armamentista por actos de violencia perpetrados con sus productos.
En contraste con Estados Unidos —donde la Segunda Enmienda constitucional garantiza el derecho a portar armas—, México mantiene una legislación estricta en materia de acceso a armamento. No obstante, el país enfrenta una ola de violencia donde, según datos del propio gobierno mexicano, más del 70% de las armas incautadas provienen de EE.UU.
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió brevemente a la resolución, señalando que aún se revisan los detalles del fallo y que existen otros procesos en curso.
“Son dos juicios, vamos a ver cuál es el resultado y les informamos”, dijo la mandataria.
La desestimación del caso no solo frena la posibilidad de que México obtenga una reparación económica, sino que también fortalece el blindaje legal de la industria armamentista estadounidense, que desde hace años ha enfrentado crecientes críticas por su rol en la violencia tanto dentro como fuera del país.
