La herramienta del Departamento de Seguridad Nacional podrá ser utilizada por los estados mientras continúa el litigio sobre su legalidad
Washington. La Suprema Corte de Estados Unidos autorizó temporalmente a los estados a utilizar una versión ampliada de una base de datos federal para verificar la ciudadanía de personas inscritas en los padrones electorales, una medida impulsada por la administración del presidente Donald Trump de cara a las elecciones legislativas de noviembre.
La orden de emergencia del máximo tribunal suspendió las restricciones impuestas previamente por tribunales inferiores al programa conocido como SAVE, acrónimo en inglés de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Concesión de Derechos. El sistema pertenece al Departamento de Seguridad Nacional y originalmente fue creado para que autoridades gubernamentales pudieran comprobar el estatus migratorio o la ciudadanía de determinadas personas para establecer su elegibilidad para beneficios federales.
Con las modificaciones realizadas durante la administración Trump, el programa puede ser utilizado para responder solicitudes de autoridades electorales estatales y locales que buscan verificar la ciudadanía de personas registradas para votar. Las consultas pueden incluir números de Seguro Social y otros datos personales contenidos en registros federales.
La decisión no determina por sí misma que una persona deba ser retirada de un padrón electoral. Corresponde a las autoridades estatales y locales tomar las decisiones relacionadas con la inscripción y permanencia de los electores, mientras que el sistema federal funciona como una herramienta para proporcionar información sobre ciudadanía y estatus migratorio.
El uso de la base de datos ha generado una disputa judicial debido a cuestionamientos sobre la precisión de la información y la protección de datos personales. Una jueza federal había bloqueado en junio las modificaciones al programa después de concluir que existían posibles violaciones a disposiciones relacionadas con la privacidad, los registros del Seguro Social y los procedimientos administrativos.
Los críticos del sistema también han señalado que las coincidencias de las bases de datos pueden generar identificaciones incorrectas y afectar a ciudadanos estadunidenses que cumplen con los requisitos para votar. La propia información retomada por La Jornada señala que el programa ha sido cuestionado por señalar erróneamente a algunos electores elegibles como personas que no cuentan con ciudadanía.
La Corte Suprema, integrada por nueve magistrados, emitió la orden mientras continúa el litigio sobre la legalidad de las modificaciones al programa. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson expresaron su desacuerdo con la decisión.
El fallo se produce semanas antes de las elecciones de mitad de mandato previstas para el 3 de noviembre. Sin embargo, su impacto inmediato podría estar limitado por las restricciones de la legislación electoral estadunidense, ya que la mayoría de los estados prohíbe realizar determinadas depuraciones sistemáticas de sus padrones durante los 90 días anteriores a una elección.
El uso del programa por parte de los estados es voluntario, por lo que la resolución no obliga a las autoridades electorales estatales a incorporar la herramienta en sus procedimientos de verificación. La controversia sobre el alcance del sistema y sus posibles efectos continuará mientras los tribunales resuelven de manera definitiva el litigio.
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