El Tribunal de Disciplina Judicial ordenó la suspensión temporal mientras se investiga la resolución que evitó la entrega del exmandatario a Estados Unidos.
La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación suspendió de sus funciones a dos magistradas de un Tribunal Colegiado del norte del país, luego de que concedieran un amparo que impidió la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, quien es requerido por autoridades de Estados Unidos.
El magistrado presidente de dicha comisión, Rufino H. León Tovar, explicó que la medida se tomó debido a que la permanencia de las juzgadoras podría afectar la impartición de justicia, al ponerse en duda su profesionalismo e imparcialidad en los asuntos de su competencia. La suspensión se mantendrá mientras se desarrolla una investigación administrativa que podría derivar en sanciones conforme a la ley.
De acuerdo con los antecedentes del caso, en marzo de 2018 la Secretaría de Relaciones Exteriores autorizó la extradición del exmandatario estatal, acusado por otro país de presuntos delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Sin embargo, el político promovió un juicio de amparo contra dicha determinación, el cual inicialmente fue negado por un juez federal.
Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, la defensa impugnó la resolución ante un tribunal colegiado y presentó una recusación contra el presidente del órgano jurisdiccional para que se abstuviera de conocer del caso. Tras varios años sin avances, a principios de diciembre de 2025 las magistradas ahora suspendidas resolvieron el incidente y modificaron la sentencia original, concediendo el amparo que frenó la extradición.
Las juzgadoras argumentaron que la Cancillería mexicana no consideró la opinión jurídica de un juez dentro del procedimiento de extradición, aunque dicha opinión no era vinculante. Ante esta resolución, el órgano disciplinario del Poder Judicial inició la indagatoria para determinar si existieron irregularidades en la actuación de las magistradas.
El caso forma parte de las investigaciones abiertas dentro del Poder Judicial para revisar posibles responsabilidades administrativas en resoluciones que han generado controversia en procesos de alto impacto.
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