Excolaboradores del organismo electoral señalan que personas que no acudían a trabajar recibían salarios de hasta 90 mil pesos mensuales
La entonces consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, habría mantenido al menos ocho plazas dentro de su oficina para personas que presuntamente cobraban un salario sin desempeñar funciones, de acuerdo con testimonios de extrabajadores del organismo.
Las plazas habrían sido utilizadas para contratar enlaces en distintas entidades del país, entre ellas Campeche y Morelos, donde empresas relacionadas con el empresario Alfredo Hernández Casillas tenían contratos para suministrar materiales electorales.
De acuerdo con los testimonios, uno de los trabajadores asignados en Campeche recibía 55 mil pesos mensuales, mientras que otro enlace en Morelos cobraba alrededor de 80 mil pesos.
Entre los casos señalados se encuentra el de Jonathan Navarrete Torres, quien tenía una plaza como chofer en la oficina de Taddei, aunque presuntamente no realizaba esas actividades. Al mismo tiempo, habría tenido representación legal en empresas de Hernández Casillas.
También se reportó que una plaza correspondiente a Octavio Grijalva continuó generando pagos de 90 mil pesos mensuales durante al menos seis meses, pese a que había renunciado a su cargo como jefe de oficina.
Los testimonios indican que los salarios de las presuntas plazas irregulares iban de 38 mil a más de 90 mil pesos mensuales. Además, señalaron la existencia de asesores cuyos beneficiarios no eran vistos en las instalaciones del instituto.
La oficina de la presidencia del INE tenía asignado un presupuesto cercano a los 70 millones de pesos para 2026, destinado al pago de salarios y gastos de operación, servicios informáticos y administración.
Estos señalamientos se suman a las investigaciones sobre posibles irregularidades en las contrataciones del organismo electoral y los vínculos entre funcionarios y empresas proveedoras de material electoral. Las denuncias deberán ser revisadas por las instancias fiscalizadoras para determinar posibles responsabilidades.
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