Texas alista polémica Ley SB-8 que ampliará facultades de alguaciles para cuestionar estatus migratorio
El estado de Texas se encamina a reforzar sus políticas migratorias con la inminente promulgación de la Ley Senatorial 8 (SB-8), una legislación que permitirá a la mayoría de los alguaciles del estado cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas y formalizar acuerdos de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La legislación, aprobada este domingo por la mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso estatal, establece que los departamentos de los alguaciles que prestan servicios carcelarios al ICE deberán firmar acuerdos formales con la agencia federal. Esto afectaría al menos 234 de los 254 condados texanos, según estimaciones citadas por The Texas Tribune.
El gobernador Greg Abbott, firme impulsor de políticas migratorias restrictivas, tiene previsto firmar la ley en los próximos días, lo que consolidaría aún más el papel de Texas como punta de lanza de la agenda migratoria nacional del presidente Donald Trump.
Sin embargo, la SB-8 ha desatado una fuerte ola de críticas de activistas y organizaciones civiles, que advierten sobre las implicaciones legales y sociales de la medida.
“La SB-8 no aumentará la seguridad de nuestras comunidades, pero obligará a los alguaciles a realizar el trabajo del ICE en apoyo a los vergonzosos esfuerzos de deportación masiva del gobierno federal”, afirmó Sarah Cruz, estratega de políticas en la ACLU (Unión Estadounidense de Libertades Civiles).
La organización señaló que la ley también desviará recursos de seguridad pública, podría fomentar la discriminación racial y tendría un efecto paralizador entre víctimas y testigos de delitos, quienes podrían evitar contactar a las autoridades por temor a ser deportados.
Por su parte, el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) publicó recientemente un informe que analiza el impacto de las políticas migratorias implementadas por Abbott desde 2021. El reporte concluye que Texas ha servido como un “laboratorio de pruebas” para políticas migratorias duras que luego han sido adoptadas a nivel federal.
“Texas ha servido como terreno para experimentar con políticas indiscriminadas y cargadas de odio que Trump rápidamente adoptó tras su reelección a nivel nacional y que también han infectado a otros estados que han promulgado leyes y políticas similares”, advirtió el informe.
Con la SB-8, Texas consolidaría su papel como actor central en la estrategia de deportaciones masivas impulsada por la administración Trump, en un contexto donde los debates sobre migración y seguridad fronteriza han vuelto a escalar rumbo a las elecciones intermedias.
