El fiscal general de Texas Ken Paxton presentó un recurso judicial para frenar el uso de fondos públicos en programas de asistencia legal destinados a personas en procesos de deportación.
El estado de Texas, bajo la representación del fiscal general Ken Paxton, ha interpuesto una demanda formal contra el condado de Bexar (cuya cabecera es San Antonio), alegando que el gobierno local está utilizando de manera ilegal el dinero de los contribuyentes para asistir a inmigrantes indocumentados.
La controversia gira en torno a programas locales que brindan representación jurídica a personas que enfrentan juicios migratorios. Según la oficina de Paxton, estas acciones violan la Constitución de Texas, la cual prohíbe el uso de fondos públicos para fines que no beneficien directamente el interés del estado o que otorguen “beneficios privados” a personas sin estatus legal.
Paxton sostiene que el condado no tiene autoridad para subsidiar defensas legales contra las leyes de inmigración federales, calificando la iniciativa como un uso indebido de los impuestos locales.
Esta es la segunda acción de este tipo en meses recientes. El fiscal ya intentó bloquear programas similares en el condado de Harris (Houston) en noviembre de 2025, aunque en diciembre un juez rechazó inicialmente su petición de suspender esos fondos.
Las autoridades de Bexar defienden el programa argumentando que garantiza el “debido proceso” y ayuda a mantener la estabilidad de familias que contribuyen a la economía local.
Este nuevo frente judicial refuerza la política de “tolerancia cero” del gobierno texano contra las administraciones locales que adoptan políticas de protección o apoyo a la comunidad migrante, en medio de una creciente tensión con el gobierno federal de Estados Unidos.
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