
El convenio impide que agentes federales retiren o dañen las barreras de alambre de cuchillas instaladas en el sector Del Río, salvo en situaciones de emergencia o seguridad pública
El estado de Texas y el gobierno del presidente Donald Trump alcanzaron un acuerdo para mantener durante los próximos 30 años las barreras de alambre de concertina instaladas en la frontera con México, como parte de las medidas para reforzar el control migratorio.
El anuncio fue realizado por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien informó que el convenio garantiza la permanencia de estas estructuras y establece restricciones para que las autoridades federales puedan intervenir en ellas.
El acuerdo obliga al Departamento de Seguridad Nacional, a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y a la Patrulla Fronteriza a no cortar, dañar, destruir, retirar ni interferir con el alambrado instalado por Texas en terrenos que no sean propiedad federal.
La disposición comprende una franja de 25 millas, aproximadamente 40 kilómetros, desde la frontera internacional, dentro del sector Del Río, donde se encuentra la zona de Eagle Pass.
Sin embargo, el convenio contempla excepciones para situaciones de emergencia, como proporcionar asistencia urgente, realizar detenciones de personas migrantes, responder a amenazas graves contra la seguridad pública o reparar infraestructura fronteriza federal.
En caso de que los agentes tengan que intervenir en las barreras por alguno de estos motivos, deberán notificar al gobierno de Texas dentro de las siguientes 72 horas y reparar temporalmente los tramos afectados cuando sea posible.
El acuerdo pone fin a una disputa judicial iniciada en 2023, durante el gobierno del entonces presidente Joe Biden, cuando Texas presentó una demanda contra las autoridades federales por retirar partes del alambrado instalado en la frontera.
En aquel momento, el gobierno federal argumentó que necesitaba retirar algunos tramos para facilitar las labores de vigilancia, atención y detención de personas que cruzaban irregularmente hacia Estados Unidos.
La controversia llegó a los tribunales y generó enfrentamientos entre las autoridades estatales y federales sobre las facultades para intervenir en las barreras fronterizas.
Con el nuevo convenio, Texas busca garantizar que el alambrado permanezca instalado durante las próximas tres décadas, incluso cuando cambien los funcionarios y las administraciones gubernamentales de Estados Unidos.
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