Titular de Profeco evita revelar nombres de legisladores que intentaron frenar sanciones a empresas

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, se negó este lunes a revelar los nombres de los legisladores de Morena que —según él mismo denunció la semana pasada— habrían intentado influir para evitar sanciones contra una gasolinera y un hotel de lujo por cometer abusos contra consumidores.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Escalante reculó en su intención inicial de transparentar el caso, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le encomendó hacerlo públicamente tras conocerse su denuncia ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

“Más allá de los nombres, quisiera dar dos mensajes: uno, que formalmente los procedimientos a estas empresas se realizaron, se verificaron, se sancionaron”, declaró el procurador al ser cuestionado por la prensa.

Como segundo punto, agregó: “Encontramos en la gran mayoría de los legisladores mucha sensibilidad y nos van a ayudar, en particular, a mejorar muchas cosas para atender a consumidores”.

La semana pasada, Escalante causó revuelo al señalar ante diputados que algunos legisladores y funcionarios afines a Morena habrían intercedido para proteger a las empresas involucradas. La denuncia provocó cuestionamientos directos a la presidenta Sheinbaum, quien al ser interrogada sobre el caso en otra conferencia matutina afirmó:

“No debe haber tráfico de influencias, de ningún tipo, en ningún gobierno”.

Además, Sheinbaum dejó en manos del propio titular de Profeco la responsabilidad de identificar a los legisladores señalados:

“Que lo comente el titular de la Profeco. Él lo comentó en una reunión donde había algunos legisladores de distintos partidos políticos. Él tiene que dar más información al respecto”.

Pese a ello, este lunes Escalante optó por no divulgar nombres, lo que deja abierta la controversia y genera nuevas dudas sobre la transparencia y el manejo interno de influencias en dependencias del gobierno federal.

Hasta el momento, ni Profeco ni la Presidencia han emitido una postura oficial adicional respecto a la negativa del funcionario de atender directamente la instrucción presidencial.