Un juez federal de California dejó sin efecto temporalmente el cobro de 100 mil dólares para nuevas solicitudes de visas H-1B
Un juez federal de California bloqueó las políticas del gobierno de Donald Trump que establecían un cobro de 100 mil dólares por cada nueva solicitud de visa H-1B para trabajadores extranjeros especializados, al considerar que las autoridades migratorias no siguieron los procedimientos establecidos por la legislación estadounidense.
La resolución fue emitida por Haywood S. Gilliam Jr., juez del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, quien concedió parcialmente una solicitud de medidas cautelares presentada por empresas y organizaciones que cuestionaron la legalidad del cobro.
El fallo ordena anular y devolver a las agencias correspondientes las políticas mediante las cuales se implementó la tarifa y prohíbe que continúen aplicándola mientras no cumplan con el proceso de notificación y recepción de comentarios públicos establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.
El magistrado consideró que los demandantes tienen posibilidades de demostrar que las agencias actuaron de manera “arbitraria y caprichosa” al establecer el requisito sin analizar adecuadamente alternativas ni los intereses de las organizaciones y empresas afectadas.
La tarifa fue establecida mediante una proclamación firmada por Trump el 19 de septiembre de 2025. El cobro, que elevó considerablemente el costo de las visas H-1B, fue extendido por el mandatario el pasado 18 de septiembre hasta septiembre de 2027.
Las visas H-1B permiten a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros especializados, particularmente en sectores como tecnología, ingeniería y otras áreas profesionales. Antes de la nueva medida, las tarifas asociadas con este tipo de solicitudes generalmente se encontraban entre 2 mil y 5 mil dólares, dependiendo de las características del trámite.
El fallo de California se suma a otra resolución emitida previamente por un tribunal federal de Massachusetts, que también bloqueó la aplicación de la tarifa de 100 mil dólares. En julio, una corte federal de apelaciones se negó a suspender esa decisión.
El caso ha generado distintos procesos judiciales relacionados con la autoridad del gobierno federal para establecer el cobro. Mientras algunos tribunales han respaldado la facultad presidencial para imponer restricciones migratorias, otros han cuestionado específicamente la manera en que las agencias implementaron la tarifa.
Además, el Departamento de Seguridad Nacional presentó una propuesta para establecer una tarifa permanente de aproximadamente 103 mil dólares para determinadas visas H-1B. Esta propuesta se encuentra en un procedimiento separado y podría enfrentar nuevos desafíos legales.
La decisión del juez de California no resuelve de manera definitiva la disputa sobre la legalidad de los cobros, pero impide temporalmente que las agencias federales apliquen las políticas cuestionadas mientras continúa el proceso judicial.
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