Tribunal supremo de EE.UU. permite redadas basadas en raza, idioma o empleo
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reavivado el debate sobre el perfilamiento racial al dar luz verde, con un fallo de 5 votos a favor y 4 en contra, a la reactivación de redadas migratorias en California. La decisión, que responde a una solicitud del presidente Donald Trump, ha generado fuertes críticas de la jueza disidente Sonia Sotomayor, el gobernador de California Gavin Newsom, y organizaciones civiles.
La Decisión y sus Críticas
La jueza Sonia Sotomayor expresó su disenso enérgicamente, advirtiendo que “no deberíamos vivir en un país donde el Gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino, hable español y trabaje en un empleo mal remunerado”. El fallo anula la suspensión previa impuesta por la jueza Maame E. Frimpong, quien había considerado inconstitucional detener a personas basándose únicamente en su raza, idioma, ubicación o empleo.
El gobernador Gavin Newsom calificó la decisión como una amenaza para las comunidades latinas e inocentes, y acusó a las autoridades judiciales de convertirse en “el gran mariscal de un desfile de terror racial”. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, respaldó las críticas, asegurando que el fallo “abre la puerta a la discriminación abierta en nuestras comunidades” y que la ciudad no será “cómplice de políticas que persiguen a la gente por el color de su piel o el idioma que hablan”.
Reacciones de Organizaciones Civiles y Expansión de Operativos
Organizaciones civiles como la ACLU y Human Rights Watch denunciaron que la decisión del Supremo “normaliza el perfilamiento racial” y expone a millones de inmigrantes y ciudadanos de origen latino a ser detenidos sin garantías. Advierten que las redadas de ICE socavan la confianza en las instituciones y crean un clima de miedo en los barrios más vulnerables.
Los operativos antimigrantes impulsados por la administración de Trump se están expandiendo más allá de California, llegando a ciudades como Chicago y Boston, a pesar de la oposición de las autoridades locales. El presidente ha prometido “tomar el control federal de la seguridad” y ha celebrado el inicio de estas acciones con mensajes en sus redes sociales. En California, el número de arrestos por redadas ya ha superado los 5,000, lo que el gobierno utiliza para justificar la continuidad de los operativos.
