Tribunal surcoreano emite orden de detención contra el presidente Yoon por declaración de ley marcial
Un tribunal de Seúl aprobó una orden de captura contra el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, tras acusaciones de haber planeado y ejecutado una fallida declaración de ley marcial el pasado 3 de diciembre. Esta decisión marca un hecho sin precedentes en la historia democrática del país, al ser la primera vez que un mandatario en funciones enfrenta un proceso de detención.
El Tribunal del Distrito Occidental de Seúl respaldó la solicitud presentada por un equipo conjunto de investigación que acusa a Yoon de insurrección, abuso de poder y conspiración. La orden fue emitida luego de que el presidente ignorara tres citaciones para ser interrogado sobre los hechos.
Plazos y desafíos para ejecutar la detención
La Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO, por sus siglas en inglés) tiene 48 horas para ejecutar la orden y proceder con el interrogatorio. Sin embargo, enfrenta obstáculos significativos, ya que el Servicio de Seguridad Presidencial ha bloqueado el acceso de los investigadores tanto al complejo presidencial como a la residencia oficial de Yoon, a pesar de contar con autorización judicial.
A pesar de su inmunidad presidencial frente a procesos penales, esta protección no aplica en casos de insurrección o traición, lo que abre la posibilidad de que la orden sea efectivamente ejecutada.
Contexto político y legal
El Parlamento surcoreano destituyó a Yoon el pasado 14 de diciembre, dejando sus funciones suspendidas mientras el Tribunal Constitucional decide su destino político. El tribunal tiene hasta junio de 2025 para determinar si lo restituye o lo inhabilita de manera definitiva.
La declaración de ley marcial del 3 de diciembre, considerada un “estado de excepción”, fue anulada por el Parlamento horas después, gracias a la resistencia de mandos militares intermedios que se negaron a cumplir las órdenes presidenciales. Yoon habría intentado impedir la votación legislativa al movilizar al ejército, lo que ahora sustenta las acusaciones de insurrección.
Defensa del presidente
En su defensa, Yoon ha calificado las acusaciones como infundadas, argumentando que la ley marcial fue un “acto de gobernanza” diseñado para frenar lo que considera un abuso de poder legislativo por parte de la oposición, que controla el Parlamento. Según él, estas acciones buscaban evitar un daño al Estado surcoreano y contrarrestar una supuesta afinidad de la oposición con el régimen de Corea del Norte.
La situación ha generado tensiones políticas y legales en el país, mientras los ciudadanos y la comunidad internacional observan de cerca el desarrollo de este caso histórico.
