Trump Considera Invocar la “Ley de Insurrección”: El Poder de Emergencia para Desplegar al Ejército
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta invocar la Ley de Insurrección de 1807, una de las normativas de emergencia más contundentes del país que permite al mandatario desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil.
Aunque conocida popularmente con el nombre de 1807, esta ley es en realidad una amalgama de estatutos promulgados por el Congreso entre 1792 y 1871. Su invocación es excepcional, ya que suspende temporalmente la ley Posse Comitatus, la cual, en circunstancias normales, prohíbe que el Ejército participe en actividades de aplicación de la ley civil.
El Poder “Casi Ilimitado” del Presidente
La Ley de Insurrección está diseñada para aplicarse en crisis que superen la capacidad de respuesta de las autoridades civiles. Sin embargo, el Centro Brennan para la Justicia subraya que su uso no está claramente definido ni limitado, otorgando a los presidentes un poder considerable para desplegar fuerzas militares dentro del país.
Aunque una provisión de la ley (la 251) requiere el consentimiento de un Estado, otras dos (la 252 y 253) permiten al presidente movilizar tropas sin la solicitud del Estado afectado e incluso en contra de su voluntad.
Es importante destacar que esta ley no debe confundirse con la ley marcial, ya que solo autoriza a las fuerzas armadas a ayudar a las autoridades civiles, sin asumir el papel del gobierno civil.
Precedentes Históricos y Uso Reciente
La última vez que se utilizó la Ley de Insurrección fue en 1992, bajo el mandato de George H.W. Bush, cuando California solicitó ayuda militar para contener los disturbios civiles registrados en Los Ángeles.
En ocasiones anteriores, la ley fue invocada a pesar de las objeciones de los gobernadores locales. Los presidentes Dwight Eisenhower y John F. Kennedy la usaron para facilitar la integración escolar tras el fallo que declaró inconstitucional la segregación racial.
La Situación Actual
Trump no ha invocado formalmente la ley, pero ha reiterado que “si debe hacerlo lo hará”. Recientemente, el presidente se refirió en concreto a la ciudad de Portland, Oregón, que considera que está “en llamas”.
La disputa legal ha escalado en Oregón, donde una jueza prohibió temporalmente el despliegue de soldados de la Guardia Nacional del estado o de cualquier otro, mientras estudia una demanda que argumenta que el envío de tropas federales es ilegal e innecesario.
El Centro Brennan para la Justicia ha señalado que la falta de estándares claros en la ley ha creado una situación en la que el presidente tiene una discreción casi ilimitada para desplegar tropas federales en casos de disturbios, por lo que su reforma recae en el Congreso.
