Trump despide casi toda la rama de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional
El gobierno de Donald Trump ha ejecutado un drástico recorte en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), despidiendo este viernes a casi toda la rama encargada de derechos civiles, lo que supone el desmantelamiento de varias oficinas clave para la supervisión de políticas migratorias en Estados Unidos.
Según reportes de medios como The New York Times, más de cien empleados fueron informados de que tendrán 60 días de licencia para encontrar otro puesto en la Administración o, de lo contrario, serán despedidos en mayo.
Este ajuste afecta a tres organismos internos del DHS: la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes y la Oficina del Defensor del Pueblo para Servicios de Ciudadanía e Inmigración. Estas entidades, que contaban con alrededor de 300 empleados, tenían la responsabilidad de investigar quejas y defender los derechos de los inmigrantes, incluyendo la supervisión de condiciones en centros de detención, la protección de menores migrantes y la revisión de demoras en solicitudes de residencia permanente y ciudadanía.
El DHS justificó la decisión argumentando que estas oficinas, en lugar de respaldar la aplicación de la ley, “a menudo funcionan como adversarios internos que ralentizan las operaciones”. Tricia McLaughlin, portavoz del departamento, señaló en un comunicado que su eliminación responde a la necesidad de optimizar la supervisión sin generar obstáculos burocráticos.
“El DHS mantiene su compromiso con la protección de los derechos civiles, pero debe optimizar la supervisión para eliminar los obstáculos a su aplicación. Estas reducciones garantizan que el dinero de los contribuyentes apoye la misión principal del departamento: la seguridad fronteriza y el control migratorio”, afirmó McLaughlin.
La decisión ha sido interpretada como el último intento de Trump por reducir los mecanismos de supervisión en agencias gubernamentales y redefinir el enfoque de los derechos civiles dentro del DHS, priorizando la política migratoria sobre la vigilancia interna.
