Un tribunal de apelaciones permite a Trump mantener órdenes ejecutivas contra la inclusión
Un tribunal de apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos falló este viernes a favor de la Administración de Donald Trump, permitiéndole implementar temporalmente la prohibición de los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) dentro de agencias federales.
El panel de jueces, con sede en Richmond, Virginia, consideró que las dos órdenes ejecutivas de Trump contra la DEI —que habían sido bloqueadas en los tribunales— probablemente sean constitucionales, contradiciendo un fallo previo emitido en febrero por un juez federal en Maryland.
Eliminación de programas DEI en el Gobierno
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump firmó dos órdenes ejecutivas para eliminar las iniciativas de diversidad en el Gobierno y en empresas con contratos federales.
Una orden ordena la abolición de todos los programas de DEI en agencias gubernamentales.
La otra exige que beneficiarios de subvenciones y contratos federales certifiquen que no implementan iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.
El panel de apelaciones, compuesto por tres jueces —incluyendo dos designados por presidentes demócratas—, revocó la suspensión impuesta por un tribunal inferior el mes pasado.
Argumentos a favor y en contra
La jueza Pamela Harris, nombrada por el Partido Demócrata, enfatizó en el fallo que las órdenes ejecutivas no establecen la ilegalidad de todos los esfuerzos para promover la diversidad y que su aplicación aún debe ser demostrada conforme a las leyes Antidiscriminación y la Primera Enmienda.
Por otro lado, el mes pasado, el juez federal Adam Abelson había bloqueado temporalmente la implementación de las órdenes de Trump, argumentando que podrían resultar en una aplicación “arbitraria y discriminatoria”.
Próximos pasos
El fallo del Cuarto Circuito permite que la Administración Trump continúe con la eliminación de los programas de DEI mientras el caso sigue en litigio. Se espera que organizaciones de derechos civiles y empresas afectadas por la medida lleven el caso ante la Corte Suprema.
