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Varios Estados Demandan a Trump por Prohibición de Usar Fondos de Seguridad para Asistencia Legal a Indocumentados

Una coalición de veinte estados demócratas y el Distrito de Columbia demandó hoy una política de la Administración del presidente Donald Trump que restringe el uso de subvenciones federales destinadas a la seguridad para brindar servicios legales a inmigrantes indocumentados.

La querella legal se dirige contra una reciente prohibición del Departamento de Justicia de EE. UU., la cual impone restricciones a los estados que reciben fondos para servicios a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, trata de personas y otros delitos.

Restricciones a Fondos de Víctimas de Delito (VOCA y VAWA)
La restricción, catalogada como “costos no admisibles”, establece que los fondos de múltiples subvenciones, incluidas las asignadas por la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), no pueden usarse para ofrecer servicios legales a ningún indocumentado o extranjero sujeto a deportación, con limitadas excepciones.

El apoyo legal proporcionado por estos fondos incluye ayuda para:

Presentar denuncias policiales y órdenes de protección.

Solicitar indemnizaciones.

Asistencia con visitas de padres.

Alegaciones de la Demanda
La demanda, presentada en Rhode Island, alega que la prohibición:

Viola la Cláusula de Gastos de la Constitución de Estados Unidos.

Restringe ambiguamente los “servicios legales”, sin especificar cuáles están sujetos a la medida, obligando a los estados a “adivinar” el alcance de la restricción.

Exigirá a los estados implementar procesos onerosos para verificar el estatus migratorio de todos los clientes antes de ofrecerles servicios.

El Fiscal General de California, Rob Bonta, parte de la demanda, criticó la acción: “La Administración Trump continúa impulsando políticas que hacen que nuestras comunidades sean menos seguras”. Bonta afirmó que esta nueva condición obligaría a las organizaciones a reducir drásticamente sus servicios.

Los estados que se unieron a la demanda incluyen: California, New York, Colorado, Illinois, Rhode Island, Arizona, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, Oregon, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.