Los cuatro hombres enfrentarán su proceso en libertad, pero deberán presentarse periódicamente ante las autoridades durante seis meses; organizaciones de derechos humanos cuestionan las detenciones
Cuatro hombres detenidos durante una protesta por agua contaminada en Guadalajara, Jalisco, fueron vinculados a proceso por los delitos de lesiones y resistencia de particulares, luego de una audiencia judicial realizada el viernes 16 de octubre.
La manifestación se llevó a cabo el domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus, donde habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara se congregaron para exigir una solución al problema del agua que llega a sus hogares.
Los cuatro hombres procesados son Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Juan Darío Muñoz Nava y Teodoro Jesús Torres Valdez. De acuerdo con información de sus representantes legales, todos podrán continuar el proceso penal en libertad, aunque deberán acudir periódicamente a firmar ante las autoridades judiciales durante seis meses.
La resolución fue emitida por un juez de control, quien determinó que existen elementos para continuar el procedimiento penal en contra de los cuatro señalados. La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, por lo que las responsabilidades deberán determinarse conforme avance el caso.
La protesta reunió a miles de personas inconformes por la calidad del agua potable en la ciudad. Durante la movilización se registraron enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad, quienes utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los participantes.
Según las cifras oficiales, 39 personas fueron detenidas durante el operativo. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que las detenciones se realizaron con violencia y cuestionaron la actuación de los policías estatales.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), organización que acompaña legalmente a algunos de los detenidos, criticó la decisión judicial y sostuvo que las personas procesadas ejercían su derecho a manifestarse para exigir el acceso al agua limpia.
Los abogados de los cuatro hombres también señalaron que el juez no tomó debidamente en cuenta las pruebas presentadas por la defensa y cuestionaron distintos aspectos del procedimiento. Asimismo, denunciaron que la audiencia se realizó sin permitir el acceso de familiares, lo que generó inconformidad entre los allegados de los acusados.
Entre los casos se encuentra el de Samuel Morales Navarro, de 24 años, quien trabaja como repartidor de una plataforma digital. De acuerdo con lo declarado por su madre, el joven no participaba en la protesta, sino que esperaba un pedido cuando fue agredido y detenido por policías estatales.
Otro de los procesados es Alexis Daniel Guzmán Ríos, quien acudió a la movilización para documentar los acontecimientos. Los otros dos hombres, Juan Darío Muñoz Nava y Teodoro Jesús Torres Valdez, también fueron detenidos durante el operativo.
El caso provocó cuestionamientos sobre el uso de la fuerza pública y el tratamiento de las personas detenidas durante manifestaciones ciudadanas. Tras los hechos, el gobernador Pablo Lemus reconoció que durante el operativo hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas, y anunció que se investigarían las irregularidades.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que 17 policías estatales eran investigados por presunto uso excesivo de la fuerza durante la movilización.
La presidenta Claudia Sheinbaum también informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió una investigación sobre los posibles abusos cometidos durante el operativo, con participación de la Secretaría de Gobernación.
El Cepad exigió que se revisen las actuaciones de las autoridades y que se garantice el respeto al debido proceso, además de pedir que se retiren los cargos contra las personas que, según la organización, fueron detenidas arbitrariamente.
Mientras continúan las investigaciones, los cuatro hombres vinculados a proceso permanecerán en libertad bajo las medidas cautelares impuestas por el juez. El caso mantiene abierto el debate sobre la actuación policial, el derecho a la protesta y las exigencias ciudadanas para garantizar el acceso a agua potable de calidad en Guadalajara.
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