FGJES obtiene sentencia condenatoria de más de 10 años de prisión contra dos responsables de robo con violencia en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo sentencia condenatoria en procedimiento abreviado en contra de David “N” e Iván Alejandro “N”, por su responsabilidad penal en el delito de robo con violencia en las personas, en casa habitada al momento de su comisión, ejecutado por dos o más personas, cometido en perjuicio de José Misael “N” y José Juan “N”, en Hermosillo, Sonora.

Los hechos ocurrieron el 6 de enero de 2024, aproximadamente a las 19:00 horas, en un domicilio ubicado en la colonia Los Olivos donde los imputados, en compañía de seis copartícipes más, ingresaron al inmueble utilizando violencia física y moral en contra de las víctimas.

Las investigaciones ministeriales establecieron que José Misael “N” fue amagado con un arma de fuego tipo pistola y mantenido encerrado en una habitación mientras los agresores lo intimidaban para desapoderarlo de diversos bienes, entre ellos ocho gorras de distintas marcas y modelos, tres pares de tenis, dos teléfonos celulares y una tablet electrónica.

José Juan “N” fue sometido en el patio del inmueble bajo amenazas con arma de fuego, siendo despojado de un teléfono celular, dinero en efectivo y una chamarra color negro, bienes que le pertenecían y cuya entrega se realizó sin su consentimiento.

De acuerdo con la causa penal, los hoy sentenciados permanecían sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante el desarrollo del proceso penal.

Durante la audiencia celebrada el pasado 18 de mayo de 2026, el Juez autorizó la terminación anticipada del proceso mediante procedimiento abreviado, imponiendo a los acusados una pena de 10 años y un mes de prisión, además del pago de una multa equivalente a 80 Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como la reparación genérica del daño.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda su compromiso con la investigación y persecución de los delitos patrimoniales mediante actuaciones técnicas, objetivas y apegadas a derecho, garantizando el acceso a la justicia, la sanción de los responsables y la reparación del daño a las víctimas.

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