El presidente enfrenta cuestionamientos por demandas contra estados, amenazas a funcionarios y advertencias sobre la certificación de los resultados del 3 de noviembre
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado sus acciones y declaraciones en torno a las elecciones legislativas intermedias del próximo 3 de noviembre, en medio de encuestas que apuntan a posibles pérdidas para el Partido Republicano. Sus medidas han generado preocupación entre funcionarios electorales, organizaciones civiles y defensores del derecho al voto, quienes advierten sobre posibles intentos de intimidación e interferencia en el proceso.
Entre las acciones emprendidas por el mandatario se encuentran demandas judiciales contra 30 estados por no entregar al gobierno federal sus padrones electorales, así como amenazas de encarcelamiento contra funcionarios de California. Trump también advirtió que podría impedir el conteo y la certificación de resultados en Alaska y Minnesota si su partido no obtiene la victoria en esas entidades.
Consultado sobre si aceptará los resultados de los comicios, el presidente respondió que lo hará si considera que son honestos. Sus declaraciones han reavivado las dudas sobre su disposición a reconocer una eventual derrota, luego de que continuara cuestionando los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que perdió frente a Joe Biden.
Las acciones legales emprendidas por el gobierno han encontrado obstáculos en los tribunales. De las 30 demandas relacionadas con la entrega de registros electorales, 27 habían sido desestimadas al momento de publicarse el reporte. En California, además, jueces expresaron escepticismo ante las amenazas de procesar a funcionarios locales por no entregar información relacionada con las votaciones.
La controversia también se extiende a la posibilidad de que agentes federales participen en labores de vigilancia cerca de los centros de votación. Trump se negó anteriormente a descartar el despliegue de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una posibilidad que organizaciones defensoras de los derechos civiles consideran preocupante, particularmente para las comunidades inmigrantes y los ciudadanos naturalizados.
Kica Matos, presidenta del National Immigration Law Center, advirtió que este tipo de medidas puede generar temor entre sectores de la población y desalentar su participación electoral. Organizaciones civiles sostienen que las advertencias sobre operativos migratorios y posibles investigaciones pueden provocar que algunos ciudadanos prefieran no acudir a las urnas, incluso cuando tienen derecho a votar.
La presión sobre los registros electorales tampoco es nueva. Organizaciones de defensa del voto han cuestionado en años anteriores las depuraciones de padrones en distintos estados, incluidas acciones que afectaron a numerosos electores latinos. Asimismo, las modificaciones de distritos electorales impulsadas en Texas han generado críticas por sus posibles consecuencias en la representación política.
En paralelo, funcionarios estatales y locales han reforzado sus preparativos ante la posibilidad de controversias durante el conteo y la certificación de los resultados. En Utah, la responsable de administrar las elecciones ha recibido amenazas de muerte y violencia sexual, de acuerdo con reportes citados en la cobertura del caso. Otros funcionarios también han expresado preocupación por la presión política y las amenazas dirigidas contra quienes organizan los comicios.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que planea desplegar alrededor de mil empleados para supervisar el cumplimiento de las leyes federales durante la jornada electoral, una operación de monitoreo sin precedentes por su magnitud. La medida ha provocado inquietud entre organizaciones civiles, que temen que la presencia de personal federal pueda generar confusión o intimidación en algunos centros de votación.
Ante este escenario, grupos de derechos civiles como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Common Cause preparan redes de observadores para reportar posibles irregularidades e intentos de interferencia. También se han organizado capacitaciones para trabajadores electorales y equipos legales que podrían presentar recursos ante los tribunales si consideran que se vulnera el derecho al voto.
Las elecciones del 3 de noviembre renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y una parte del Senado, además de diversos cargos estatales. El resultado determinará la composición del Congreso durante la segunda mitad del mandato de Trump y podría modificar el equilibrio de poder en Washington.
Mientras se acerca la jornada electoral, las autoridades estatales, las organizaciones civiles y los equipos jurídicos mantienen sus preparativos para responder a posibles disputas. La atención se concentra en garantizar que los ciudadanos puedan votar sin intimidaciones y que los resultados sean contabilizados y certificados conforme a las leyes electorales.
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